1. Somos, ante todo, ciudadanos colombianos en pleno ejercicio de nuestras facultades, deberes y derechos, y queremos seguir siéndolo en el de nuestra conciencia, pensamiento, expresión, libertad y, especialmente, en el de El Bien Común.
2. Somos ciudadanos colombianos respetuosos del Orden Constitucional y del subsecuente Ordenamiento Jurídico e Institucional rectamente derivados de éste de cara al Bien Común.
3. Somos, además, matrimonios, familias y personas que entendemos que éstas son realidades de orden natural constitutivas de la sociedad y anteriores al Estado.
4. El hecho anteriormente señalado define un claro Principio de acción que expresa una realidad evidente, y que hoy se hace necesario recordar y reiterar: la persona, el matrimonio y la familia, son entidades de orden natural perfectamente definidas en sí mismas que operan dentro de la Ley Moral Natural inscrita en la Conciencia de cada individuo.
5. Como realidades naturales, son éstas las que se organizan y conforman el Estado: no es el estado el que conforma la Sociedad, y mucho menos, el que la define ni a sus instituciones intermedias.
6. También somos, en nuestro libre ejercicio de ciudadanos, cristianos conscientes y comprometidos, formados, reflexivos, socialmente activos y con capacidad de participar de una manera cualificada en la configuración de una sociedad mejor y de un Ordenamiento Estatal que sepa interpretar y obedecer a la realidad con principios y fundamentos sólidos, seriedad jurídica y estabilidad institucional.
7. Acogemos los Principios de la Doctrina Social de la Iglesia, ampliamente expresados a través de su Magisterio, que recogen y responden objetiva e integralmente a la realidad de la Persona y de la Sociedad, que conforman y salvaguardan a su vez el patrimonio del Bien Común.
8. Acogiendo los postulados, las directrices y las orientaciones de dicha Doctrina y Magisterio, especialmente las formuladas en los numerales 42 y 43 de la Exhortación Apostólica Post Sinodal “LOS FIELES LAICOS”, nos hemos organizado como personas naturales y en diversas redes y asociaciones civiles de derecho privado, para participar activamente y de una manera más efectiva en la sociedad, en defensa de la Vida, y de entidades e instituciones claramente definidas como la Persona (Hombre y Mujer), el Matrimonio y la Familia, y todo el ordenamiento de las relaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales que se establecen al interior de éstas, entre éstas, y entre ellas y las demás instituciones sociales.
9. Acogemos plenamente este Principio: “Para animar cristianamente el orden temporal —en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad— los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la «política»; es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. […] Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública”.
10. Como proyección de nuestra actividad aspiramos a que en nuestra patria se elijan gobiernos y legisladores que atiendan a estos criterios:
a. “Una política para la persona y para la sociedad encuentra su criterio básico en la consecución del bien común, como bien de todos los hombres y de todo el hombre, correctamente ofrecido y garantizado a la libre y responsable aceptación de las personas, individualmente o asociadas. […] El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección”.
b. “Además, una política para la persona y para la sociedad encuentra su rumbo constante de camino en la defensa y promoción de la justicia, entendida como «virtud» a la que todos deben ser educados, y como «fuerza» moral que sostiene el empeño por favorecer los derechos y deberes de todos y cada uno, sobre la base de la dignidad personal del ser humano”.
c. “En el ejercicio del poder político es fundamental aquel espíritu de servicio, que, unido a la necesaria competencia y eficiencia, es el único capaz de hacer «transparente» o «limpia» la actividad de los hombres políticos, como justamente, además, la gente exige”.
11. En este orden de ideas, proponemos una línea democrática de acción política con pensamiento de centro, que atienda a las realidades fundamentales de la Persona y de la Sociedad, que se despliegue desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, y se garantice en su integridad desde el poder Judicial.
2. Somos ciudadanos colombianos respetuosos del Orden Constitucional y del subsecuente Ordenamiento Jurídico e Institucional rectamente derivados de éste de cara al Bien Común.
3. Somos, además, matrimonios, familias y personas que entendemos que éstas son realidades de orden natural constitutivas de la sociedad y anteriores al Estado.
4. El hecho anteriormente señalado define un claro Principio de acción que expresa una realidad evidente, y que hoy se hace necesario recordar y reiterar: la persona, el matrimonio y la familia, son entidades de orden natural perfectamente definidas en sí mismas que operan dentro de la Ley Moral Natural inscrita en la Conciencia de cada individuo.
5. Como realidades naturales, son éstas las que se organizan y conforman el Estado: no es el estado el que conforma la Sociedad, y mucho menos, el que la define ni a sus instituciones intermedias.
6. También somos, en nuestro libre ejercicio de ciudadanos, cristianos conscientes y comprometidos, formados, reflexivos, socialmente activos y con capacidad de participar de una manera cualificada en la configuración de una sociedad mejor y de un Ordenamiento Estatal que sepa interpretar y obedecer a la realidad con principios y fundamentos sólidos, seriedad jurídica y estabilidad institucional.
7. Acogemos los Principios de la Doctrina Social de la Iglesia, ampliamente expresados a través de su Magisterio, que recogen y responden objetiva e integralmente a la realidad de la Persona y de la Sociedad, que conforman y salvaguardan a su vez el patrimonio del Bien Común.
8. Acogiendo los postulados, las directrices y las orientaciones de dicha Doctrina y Magisterio, especialmente las formuladas en los numerales 42 y 43 de la Exhortación Apostólica Post Sinodal “LOS FIELES LAICOS”, nos hemos organizado como personas naturales y en diversas redes y asociaciones civiles de derecho privado, para participar activamente y de una manera más efectiva en la sociedad, en defensa de la Vida, y de entidades e instituciones claramente definidas como la Persona (Hombre y Mujer), el Matrimonio y la Familia, y todo el ordenamiento de las relaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales que se establecen al interior de éstas, entre éstas, y entre ellas y las demás instituciones sociales.
9. Acogemos plenamente este Principio: “Para animar cristianamente el orden temporal —en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad— los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la «política»; es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. […] Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública”.
10. Como proyección de nuestra actividad aspiramos a que en nuestra patria se elijan gobiernos y legisladores que atiendan a estos criterios:
a. “Una política para la persona y para la sociedad encuentra su criterio básico en la consecución del bien común, como bien de todos los hombres y de todo el hombre, correctamente ofrecido y garantizado a la libre y responsable aceptación de las personas, individualmente o asociadas. […] El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección”.
b. “Además, una política para la persona y para la sociedad encuentra su rumbo constante de camino en la defensa y promoción de la justicia, entendida como «virtud» a la que todos deben ser educados, y como «fuerza» moral que sostiene el empeño por favorecer los derechos y deberes de todos y cada uno, sobre la base de la dignidad personal del ser humano”.
c. “En el ejercicio del poder político es fundamental aquel espíritu de servicio, que, unido a la necesaria competencia y eficiencia, es el único capaz de hacer «transparente» o «limpia» la actividad de los hombres políticos, como justamente, además, la gente exige”.
11. En este orden de ideas, proponemos una línea democrática de acción política con pensamiento de centro, que atienda a las realidades fundamentales de la Persona y de la Sociedad, que se despliegue desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, y se garantice en su integridad desde el poder Judicial.
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